Nuevo México aprueba la venta de su empresa de gas por 1,250 millones de dólares
SANTA FE, Nuevo México (KINT) – La Comisión de Regulación Pública de Nuevo México (PRC) autorizó la venta de New Mexico Gas Company, la mayor distribuidora de gas natural del estado, en una operación valuada en 1,250 millones de dólares. La empresa pasará de estar bajo el control de Emera Inc. a Saturn Utilities Holdco, LLC, una filial de Bernhard Capital Partners, tras un proceso de revisión que incluyó análisis técnicos, evidencia presentada por las partes y opiniones del público.
Pese al cambio de propietario, la compañía continuará operando desde Nuevo México, conservará su sede, su equipo directivo y su plantilla laboral, además de mantener las obligaciones regulatorias vigentes.
La aprobación está condicionada a una serie de compromisos destinados a beneficiar a los usuarios y a las comunidades. Entre ellos destacan 22.4 millones de dólares en créditos para los clientes, que se entregarán durante el año posterior al cierre de la transacción, así como el congelamiento de las tarifas base hasta enero de 2028. También se contempla la creación de aproximadamente 20 nuevos empleos de tiempo completo mediante el traslado de funciones de apoyo al estado.
Asimismo, Bernhard Capital Partners deberá invertir 10 millones de dólares en proyectos de desarrollo económico dentro del territorio atendido por la empresa y ampliar el financiamiento, con recursos de los accionistas, para programas de asistencia dirigidos a hogares de bajos ingresos e iniciativas comunitarias.
La resolución también establece mecanismos de supervisión para garantizar que las finanzas de New Mexico Gas Company permanezcan separadas de las operaciones de capital privado de su nueva empresa matriz. Entre otras medidas, se exigirán reportes periódicos sobre las relaciones con compañías afiliadas y se impedirá que los activos o la capacidad financiera de la distribuidora se utilicen para respaldar negocios externos de mayor riesgo.
Además, la PRC determinó que los costos relacionados con la compra y la transición de la empresa no podrán trasladarse a los consumidores mediante aumentos en las tarifas.
