Southwest Key despide empleados tras suspensión de ayudas federales a menores migrantes no acompañados
EL PASO, Texas — La organización Southwest Key Programs, Inc. notificó a varios de sus empleados que habían perdido su empleo, luego de que el gobierno federal suspendiera los fondos destinados a programas para menores migrantes no acompañados.
En un correo electrónico interno, la empresa aseguró que “no tenían otra opción” más que llevar a cabo los despidos, derivados de la decisión del gobierno federal de poner fin, de manera inmediata, a su relación con la organización.
“Después de al menos 20 años de colaborar con el gobierno federal brindando servicios, la notificación de terminación fue inmediata e inesperada, sin ningún tipo de aviso previo”, escribió Anita Rader, vicepresidenta de Recursos Humanos de Southwest Key Programs.
Southwest Key ha operado 27 albergues residenciales en Texas, Arizona y California, siendo el mayor proveedor a nivel nacional de refugios para menores no acompañados. Estas instalaciones funcionan a través de subvenciones otorgadas por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS.
La empresa también indicó que la notificación de despido fue exigida por el propio gobierno federal, como parte del proceso de cierre de operaciones.
El correo elecrónico interno contenía una lista de los lugares afectados por esta decisión. Casa Franklin, ubicada en el 315 E. Franklin Ave, en El Paso, Texas se encuentra incluida.
El pasado 12 de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció que suspendía la colocación de menores migrantes no acompañados en los albergues operados por Southwest Key y que “todos” los niños habían sido trasladados a otras instalaciones.
“Esta administración trabaja incansablemente para acabar con la trata de personas y otros abusos contra menores migrantes que ingresan ilegalmente al país”, declaró el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr.
En julio de 2024, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra Southwest Key, alegando que empleados de la organización habrían cometido acoso sexual y abuso contra menores bajo su custodia. Debido a preocupaciones persistentes, el HHS suspendió los fondos y revisó sus acuerdos con la organización. A raíz de esta medida, el Departamento de Justicia retiró la demanda.
“Proteger nuestras fronteras y a los niños del abuso es una prioridad para el Departamento de Justicia y la administración Trump”, declaró la fiscal general Pamela Bondi. “Las políticas fronterizas de la administración anterior incentivaron a los delincuentes a explotar a menores y violar nuestras leyes. Eso se acabó.”
