Inmigración divide a legisladores en Nuevo México por futuro de centros de detención
La visita de legisladores al Centro de Procesamiento de Otero reavivó el debate sobre los contratos con agencias federales de inmigración: mientras republicanos destacan buenas condiciones y beneficios económicos, demócratas cuestionan la transparencia y denuncian violaciones de derechos humanos.
Otero, Nuevo México — La política migratoria volvió a encender un debate en el Congreso estatal después de que un grupo de legisladores visitara el Centro de Procesamiento de Otero, en medio de la propuesta de la gobernadora de cancelar los contratos con agencias federales de inmigración en todo el estado. La discusión promete convertirse en un punto de quiebre para la agenda política de Nuevo México, dividiendo a republicanos y demócratas entre quienes defienden la continuidad de los centros de detención y quienes exigen su cierre.
La visita fue organizada principalmente por representantes republicanos, quienes recorrieron las instalaciones con el objetivo de evaluar las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes bajo custodia. Según los legisladores, el recorrido mostró instalaciones limpias, acceso a servicios médicos, actividades recreativas y estadías relativamente cortas —en promedio de dos meses— para los detenidos.
El representante Nick Paul, defensor de mantener los contratos con inmigración, rechazó las críticas que comparan los centros de procesamiento con “campos de concentración”.
“Hablan de estos lugares como si fueran un campo de concentración, donde hay suciedad extrema, donde no tratan a las personas humanamente, y yo no vi nada de eso hoy”, dijo. “Para mí es un misterio y un desperdicio de impuestos convocar una sesión especial para cancelar los contratos”.
Paul aseguró además que las compañías privadas que operan en conjunto con ICE cumplen adecuadamente con su labor:
“Muchas cosas pueden resaltar en cuestión de las condiciones adentro, pero mi gran conclusión es que las compañías que operan esos lugares en conjunto con ICE están haciendo un trabajo fabuloso”, afirmó.
Desde la perspectiva republicana, cancelar los contratos no resolvería la situación migratoria y solo desplazaría a los inmigrantes hacia otros estados. También advierten que la decisión podría generar un impacto negativo en las economías locales que dependen de estos centros.
El representante Alan Martínez sostuvo que las comunidades podrían perder empleos importantes:
“Este dinero viene del gobierno federal, no le cuesta al estado nada. Lo que va a costar es trabajos, y que la gente pueda estar junto a su familia”, señaló.
Sin embargo, los legisladores demócratas cuestionaron el recorrido, argumentando que se trató de una visita prefabricada que no reflejó las condiciones reales en las que viven los detenidos. Según ellos, no hubo contacto directo con las personas migrantes, lo que limita la validez del informe presentado por los republicanos.
La senadora Antoinette Sedillo López aseguró haber tenido experiencias distintas al visitar centros como voluntaria:
“Yo tuve la oportunidad de hablar con personas detenidas, ellos no. Yo he ido de voluntaria a este tipo de instalaciones para obtener una perspectiva más completa, y la obtuve. Pero no creo que la corta visita planeada que ellos tuvieron es igual a la mía”.
Sedillo López también desestimó el argumento de la pérdida de empleos, calificándolo como un mito.
“Ni siquiera tienen el personal para hacer frente al crecimiento exponencial de estas instalaciones, y las compañías privadas están haciendo mucho dinero de estas detenciones. Así que la pérdida de empleos es un mito”, afirmó.
Para los demócratas, el verdadero trasfondo del debate es ético y humanitario. Consideran que los centros de detención representan una extensión de políticas migratorias injustas que criminalizan a personas que atraviesan procesos civiles, como solicitudes de asilo o trámites migratorios.
La senadora añadió que, en caso de convocarse una sesión especial, la propuesta de cancelar los contratos podría obtener suficiente respaldo:
“Creo que si todos los representantes asisten a la sesión, la ley pasaría. No creo que mis colegas demócratas quieran ser colaboradores del gobierno federal en estas prácticas de odio”, sentenció.
La polémica refleja un choque de visiones sobre cómo debe enfrentar Nuevo México el tema de la inmigración. De un lado, se encuentran quienes destacan el aporte económico de los centros de procesamiento y defienden la gestión federal; del otro, los que denuncian abusos y piden el fin de los contratos.
Mientras tanto, la decisión final permanece en el aire. Una sesión especial del Congreso estatal podría marcar el futuro de los contratos con inmigración, y con ello, el rumbo de la política migratoria en Nuevo México.
