La Ciudad de El Paso enfrenta cuestionamientos por falta de transparencia en casos de mala conducta policial
EL PASO, Texas — La Ciudad de El Paso presentó una demanda contra la Oficina del Fiscal General de Texas, Ken Paxton, como respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos presentada en mayo por El Paso Matters, bajo el amparo de la Ley de Información Pública de Texas (Texas Public Information Act).
La solicitud buscaba copias de las facturas legales emitidas por bufetes de abogados privados contratados por la ciudad en seis demandas legales, que incluyen acusaciones contra la Ciudad de El Paso, el Departamento de Policía y varios oficiales por presunta mala conducta policial.
Según el comunicado emitido por el gobierno municipal, la demanda fue interpuesta con el fin de “garantizar el cumplimiento de la ley estatal y, al mismo tiempo, manejar de manera responsable información confidencial”. La ciudad busca que un juez determine qué información puede ser divulgada al público sin comprometer el privilegio abogado-cliente ni las estrategias legales empleadas en litigios pendientes o previos.
De acuerdo con La Ciudad de El Paso, la periodista solicitante no aceptó la aplicación de redacciones que protegieran datos sensibles, como comunicaciones entre abogados y sus clientes, así como detalles estratégicos de los casos. En agosto, la Oficina del Fiscal General resolvió que podían hacerse ciertas redacciones limitadas (incluyendo comunicaciones confidenciales) pero ordenó la divulgación del resto de los documentos.
Los registros, ya con las redacciones autorizadas, serán entregados esta semana a El Paso Matters.
Sin embargo, para Bob Moore, fundador y director ejecutivo del medio, esta acción judicial tiene otro propósito.
“Durante años, el público ha tenido acceso rutinario a las facturas legales pagadas por la ciudad en casos de demandas legales. Aunque se protegía la información sensible, los ciudadanos podían ver cómo se utilizaba el dinero de los contribuyentes. Ahora, la ciudad pretende ocultar cada monto, fecha, palabra, signo de puntuación y espacio de una factura legal. Este intento de secretismo es una interpretación absurda de las leyes de transparencia y un momento triste para nuestra comunidad”, declaró Moore.
La controversia ocurre en un año especialmente tenso para el Departamento de Policía de El Paso, que ha enfrentado al menos dos casos altamente visibles de presunto uso excesivo de la fuerza.
Uno de los más graves fue la muerte de Xavier Hernández Guadalupe, ocurrida el pasado 13 de julio. Según reportes, Hernández fue confrontado por un oficial tras una llamada de emergencia que alertaba sobre un posible intento de suicidio desde un puente en la salida a Yarbrough. En el lugar se produjo un altercado, durante el cual el oficial utilizó una pistola eléctrica (taser) contra Hernández. Un agente fuera de servicio y un civil intervinieron para someterlo. Un video viral muestra al oficial sujetándolo por el cuello mientras otros oficiales y personal médico llegaban al lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció más tarde.
Otro caso ocurrió el 8 de septiembre, cuando un video compartido en redes sociales mostró a agentes del Departamento de Policía arrestando a dos hombres. En las imágenes se observa cómo uno de ellos recibe un rodillazo en la cara y una descarga eléctrica mientras es sometido. Según testigos, la persona agredida no era responsable del incidente, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
Otra de las preocupaciones señaladas por Bob Moore, director de El Paso Matters, es que la Ciudad presuntamente rechazó una solicitud del medio relacionada con videos de seguridad y documentos vinculados al tiroteo masivo ocurrido el 3 de agosto de 2019 en Walmart, sin consultar previamente a la Oficina del Fiscal General de Texas, como lo exige la ley estatal en estos casos.
Por su parte, Noticias 26 Univision El Paso presentó una solicitud similar, que incluía documentos relacionados con el mismo tiroteo. En este caso, la petición fue denegada tras la revisión y decisión del Fiscal General, quien determinó que los documentos estaban protegidos bajo privilegio abogado-cliente.
Noticias 26 Univision también ha contactado al gobierno de la Ciudad de El Paso para solicitar una declaración oficial. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta.
