Corte federal bloquea nuevo mapa electoral de Texas y ordena usar el de 2021 para 2026

EL PASO, Texas – Un panel federal de tres jueces reunido en El Paso emitió un fallo que podría redefinir el panorama político de Texas durante la próxima década. La corte ordenó que el estado no podrá utilizar el nuevo mapa de distritos congresionales aprobado este año y que, en su lugar, deberá regresar al mapa de 2021 para las elecciones de 2026. Según la resolución, existe “evidencia sustancial” de que el trazado validado en agosto fue diseñado con intención racial, violando tanto la Constitución como la Ley de Derechos al Voto.

La decisión representa un revés significativo para el gobierno estatal y generó reacciones inmediatas. Minutos después de conocerse el fallo, el gobernador Greg Abbott aseguró que la legislatura actuó dentro de sus facultades y que el tribunal se equivocó. En un comunicado afirmó que “la legislatura redibujó el mapa para reflejar las preferencias conservadoras de los texanos y por ninguna otra razón”. Calificó la resolución como “claramente errónea” y sostuvo que “socava la independencia legislativa del estado”.

En una declaración más amplia agregó: “La legislatura rediseñó nuestros mapas congresionales para reflejar mejor las preferencias de voto conservadoras de los tejanos, y por ningún otro motivo. Cualquier alegación de que estos mapas son discriminatorios es absurda y carece de fundamento en los testimonios presentados durante diez días de audiencias.

Esta resolución es claramente errónea y socava la autoridad que la Constitución de los Estados Unidos otorga a la Legislatura de Texas al imponer un mapa diferente por decreto judicial. El estado de Texas apelará de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”.

El fiscal general Ken Paxton también criticó la intervención del panel, acusando a sus opositores de intentar manipular el proceso. “La izquierda radical está tratando de socavar la voluntad del pueblo”, afirmó Paxton, defendiendo la legalidad del llamado “big beautiful map”. Añadió que “el gran mapa electoral fue completamente legal y se aprobó con fines partidistas para representar mejor las afiliaciones políticas de Texas”, y acusó a los demandantes de recurrir a “falsas acusaciones de racismo” para obtener ventaja política.

Paxton también anunció que apelará ante la Corte Suprema, señalando que confía “plenamente en que la corte ratificará el derecho soberano de Texas a realizar una redistribución de distritos electorales partidista”.

Del otro lado del espectro político, líderes demócratas aseguraron que el fallo confirma preocupaciones sobre el impacto del nuevo diseño electoral en comunidades de color. El representante estatal demócrata Vincent Pérez celebró la decisión argumentando que el proceso original tenía motivaciones de poder. “El presidente solo quería cinco escaños más, no le importaba si tenía que discriminar severamente a los votantes hispanos y afroamericanos, solo le importaba el poder. Entonces celebro esta decisión”, dijo Pérez.

En El Paso, el liderazgo republicano local rechazó las conclusiones del tribunal y calificó la intervención judicial como un exceso. Michael Aboud, líder del Partido Republicano en la región, expresó: “Es una vergüenza que jueces se inyecten en decisiones políticas… Creo que están en lo incorrecto. Este mapa era mucho mejor que los anteriores, esos mapas sí estaban gerrymandered y estaban diseñados para mantener a ciertos políticos en el poder”.

La orden llega en un momento delicado, cuando el periodo para registrarse como candidato ya está abierto y cerrará el 13 de diciembre. Si la apelación no se resuelve antes de esa fecha, las primarias de marzo se llevarán a cabo utilizando los distritos actuales, no los aprobados este año, aumentando la incertidumbre política y operativa para partidos, aspirantes y votantes.

Ahora, el futuro de los mapas de Texas y el rumbo institucional del estado— queda en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que decida el máximo tribunal podría marcar el sistema de representación del estado durante varios ciclos electorales. Para muchos actores, el fallo no solo define el alcance de la redistritación, sino también el equilibrio entre autoridad legislativa, supervisión judicial y los derechos de las comunidades afectadas.