Grupo defensores de los Derechos Humanos y de la Infancia exigen acelerar la sentencia en contra de un sacerdote de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua – Grupos defensores de los derechos humanos y de la infancia exigen que se acelere el proceso de sentencia en contra de un sacerdote de Ciudad Juárez.

Este caso ha llamado la atención a nivel nacional debido a la gravedad de las acusaciones y al prolongado proceso legal que ha mantenido el caso abierto durante años.El caso ha pasado por múltiples juicios y apelaciones, resultando en años de espera para que la víctima obtenga justicia.

El acusado, un sacerdote conocido en la comunidad católica de Ciudad Juárez, fue declarado culpable, apeló la sentencia y fue nuevamente declarado culpable. Sin embargo, los recursos de la defensa han impedido que sea encarcelado, manteniéndolo en una casa de retiro.

Este largo proceso revictimiza a la niña que denunció el abuso.”Estamos hablando de una niña que era monaguilla de una iglesia, donde una de sus principales figuras de confianza y atención era justo esa persona que está señalada,” comentó un defensor.

“Este es un punto muy importante que el Tribunal Colegiado de Ciudad Juárez no puede desestimar.

Los retrasos en la justicia envían un mensaje preocupante a las víctimas de violencia. “¿Cuál es el mensaje explícito que le estamos mandando a niños y niñas víctimas de violencia? ¿Es que no pasa nada y si hablo esto me va a tocar? ¿Tengo que lidiar 7, 8 años para que entonces yo ya pueda cumplir justicia? Mejor no hablo, mejor me callo.”

Después de varios recursos y revisiones, la Suprema Corte ordenó que se dicte una nueva sentencia en contra del acusado. La nueva sentencia deberá basarse en la perspectiva de género y respetar los derechos de la infancia.

“Lo que a esa niña le ha llevado estar aquí en este momento, es una pérdida que ni como sociedad podemos reparar,” lamentó un defensor.

Se espera que la sentencia se ratifique, se modifique, o incluso se aumente la pena ya impuesta.El caso ha estado en curso desde 2015, cuando la niña comenzó a sufrir el abuso. Las autoridades iniciaron las investigaciones en 2018, y hasta el día de hoy, en 2025, no se ha hecho justicia en el ámbito jurisdiccional.