Orden judicial mantiene cerrado el bar Dirty Laundry y exige medidas de seguridad para su reapertura
EL PASO, Texas – Una jueza de distrito en El Paso ordenó el cierre temporal del bar Dirty Laundry, ubicado en el este de la ciudad, hasta que sus propietarios cumplan estrictos requisitos de seguridad. La medida responde a evidencia que lo clasifica como un “lugar problemático” por actividad criminal recurrente. El negocio no podrá reabrir hasta que las autoridades verifiquen el cumplimiento total de la orden.
¿Qué ocurrió?
La jueza Bonnie Rangel, de la Corte de Distrito 171, emitió una orden judicial temporal contra los dueños del bar Dirty Laundry, situado en 3136 Trawood Drive. La decisión suspende sus operaciones mientras se implementan medidas para garantizar la seguridad de clientes y comunidad.
El tribunal determinó que existía evidencia suficiente para considerar el establecimiento como un sitio con problemas recurrentes de seguridad y falta de prevención por parte de la administración.
Estado de la situación
El bar permanecerá cerrado hasta cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Entre ellas, la contratación de seguridad privada con licencia y certificación de Nivel Tres, así como la presencia constante de oficiales durante el horario de operación.
Además, se exige el uso de detectores de metales, capacitación obligatoria del personal, certificaciones para la venta de alcohol y verificación estricta de la identidad de los clientes.
Investigación en curso
Las autoridades locales, incluido el Departamento de Policía de El Paso, continuarán supervisando el cumplimiento de las medidas. La gerencia deberá participar en reuniones mensuales con la policía y proporcionar información detallada sobre su personal.
También se ordenó la instalación de un sistema de videovigilancia de alta definición, con grabaciones disponibles para investigaciones. El caso seguirá en proceso judicial durante el verano.
Contexto o impacto en la comunidad
La Procuradora del Condado, Christina Sanchez, señaló que la medida busca proteger tanto a los clientes como a la comunidad en general. Indicó que la intervención ocurre cuando un negocio representa riesgos por falta de seguridad.
La orden también incluye restricciones adicionales, como prohibir el acceso a personas con insignias de pandillas y evitar la contratación de promotores vinculados a actividades criminales. Asimismo, se exige reportar cualquier actividad ilegal de inmediato al 9-1-1.
