Buscan destituir a Cynthia Boyar Trejo trás votación sobre centro de datos
El Paso, TX – Hace apenas un año, Cynthia Boyar Trejo celebraba su victoria para representar al Distrito 4 de El Paso. Hoy, un grupo de residentes busca regresarla a las urnas antes de que concluya su primer periodo en el Ayuntamiento.
El intento de revocación de mandato, presentado oficialmente el 17 de junio ante la Oficina del City Clerk, surge tras la polémica votación sobre el proyecto del centro de datos de Meta y podría convertirse en uno de los ejercicios de participación ciudadana más importantes que ha enfrentado El Paso en años.
Aunque el proceso apenas comienza y aún está lejos de una elección, los organizadores ya iniciaron la recolección de firmas y aseguran que buscarán reunir miles de apoyos para intentar que los votantes del Distrito 4 decidan si Boyar Trejo permanece o no en el cargo.
¿Qué detonó el intento de revocación?
Todo comenzó durante la sesión del Ayuntamiento del 9 de junio, cuando el Concejo Municipal discutió el Punto 37 de la Agenda, una propuesta para instruir al administrador y al abogado de la ciudad a iniciar negociaciones que eventualmente podrían conducir a la terminación del acuerdo de incentivos económicos firmado entre la Ciudad de El Paso, Wurldwide LLC y Meta Platforms.
Durante esa reunión, casi 200 personas participaron en el periodo de comentarios públicos. La mayoría manifestó su preocupación por el impacto que el centro de datos podría tener sobre el consumo de agua, el ruido, la infraestructura y el suministro de energía en el noreste de la ciudad. Así como criticar, el acuerdo 380 que daría beneficios fiscales a la empresa, como el 80% de condonación en impuestos de propiedad for 25 años.
La propuesta fue rechazada con una votación de 5-3. Entre quienes votaron en contra estuvo la representante del Distrito 4, Cynthia Boyar Trejo.
Ocho días después, un grupo de residentes presentó ante la Ciudad el documento titulado “Aviso de Intención para Circular una Petición de Revocación de Mandato”, iniciando formalmente el procedimiento contemplado en la Carta de la Ciudad.
En ese documento, los promotores sostienen que el voto de Boyar Trejo demuestra que priorizó “los intereses de una gran corporación por encima de los intereses de los ciudadanos”, además de señalar preocupaciones relacionadas con el agua, la calidad del aire y la infraestructura pública.
“Sentimos que ya no nos representa”
Michael Ramírez, residente del Distrito 4 y uno de los ciudadanos que participa en la organización del movimiento, asegura que el objetivo no es atacar personalmente a la representante.
“Esto no es un ataque personal. No estamos haciendo esto porque la odiemos o porque queramos perjudicarla. Lo hacemos porque sentimos que ya no estamos siendo representados.”
Ramírez explica que el movimiento busca que los ciudadanos vuelvan a tener la oportunidad de decidir quién los representa.
“Queremos que Cynthia Boyar Trejo regrese a la boleta electoral para que los residentes del Distrito 4 decidan si debe continuar en el cargo.”
Pero dice que el objetivo va más allá de una sola funcionaria.
“También queremos establecer un precedente sobre cómo llevar a cabo un proceso de revocación. Hasta donde sabemos, El Paso nunca ha tenido un recall exitoso.”
¿Cuántas firmas necesitan?
Esa es, precisamente, una de las primeras controversias del proceso.
La Ciudad sostiene que la ordenanza establece que la petición debe reunir firmas equivalentes al 20 por ciento de los votos emitidos en la elección general en la que Boyar Trejo resultó electa.
Eso elevaría el requisito a aproximadamente 4,233 firmas válidas.
Sin embargo, los organizadores interpretan que el cálculo debe hacerse con base en la segunda vuelta electoral (runoff), lo que reduciría el mínimo a cerca de 786 firmas.
Jonathan Zayan, quien asesora al movimiento, asegura que no quieren depender de esa interpretación.
“Existe un debate sobre cuál es el número correcto, pero nosotros vamos por la cifra más alta. Si reunimos más de seis mil firmas, esa discusión deja de importar.”
Según explicó, la meta será conseguir alrededor de 6,349 firmas, equivalente a cerca del 30 por ciento de la elección general, para compensar posibles firmas inválidas o ilegibles.
Así buscan conseguirlas
Los organizadores aseguran que el movimiento ya comenzó a trabajar como una campaña comunitaria.
Además de recorridos casa por casa utilizando listas de votantes registrados, también realizarán eventos públicos para que los residentes puedan firmar la petición.
El primero está programado para este domingo, de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, en Willie’s Brew & Que, ubicado en 11240 Montwood Drive, donde los organizadores esperan recibir a residentes del Distrito 4 interesados en apoyar la iniciativa.
También informaron que organizarán nuevos eventos durante las próximas semanas conforme avance la recolección de firmas.
¿Quién puede participar?
Los organizadores explican que existen dos maneras de apoyar el movimiento.
Firmar la petición
Para firmar la petición de revocación es necesario:
* Estar registrado para votar.
* Vivir dentro del Distrito 4 de El Paso.
* Verificar previamente la información del registro electoral.
Según Jonathan Zayan, el grupo revisará cada firma antes de aceptarla para reducir el riesgo de que sean invalidadas durante la revisión oficial.
Ser voluntario
Quienes deseen ayudar en la recolección de firmas pueden registrarse como voluntarios mediante el formulario habilitado por el movimiento.
El enlace compartido por los organizadores es: tinyurl.com/2ENBHTUX
De acuerdo con los promotores, cualquier persona puede colaborar como voluntaria, incluso si no vive en el Distrito 4 o no está registrada para votar.
“Sus acciones dicen otra cosa”
Para los organizadores, el problema no es únicamente el proyecto de Meta.
Aseguran que el voto de Boyar Trejo contradice la postura que públicamente ha expresado sobre el centro de datos.
“Ella ha dicho que está en contra del proyecto, pero sus acciones muestran otra cosa.”
Jonathan Zayan sostiene que el objetivo del movimiento es recordar que los funcionarios electos deben responder a quienes los eligieron.
“Esperamos que quien represente al Distrito 4 cumpla con el estándar mínimo: escuchar a la comunidad y hacer lo que sea mejor para todos nosotros.”
La respuesta de Cynthia Boyar Trejo
Horas después de hacerse público el intento de revocación, Cynthia Boyar Trejo envió un comunicado a medios de comunicación defendiendo su decisión.
La representante sostiene que existe una idea equivocada sobre lo que realmente se votó durante la sesión del 9 de junio.
Según explicó, el Punto 37 no buscaba renegociar el acuerdo con Meta, sino iniciar negociaciones para cancelar un contrato legalmente vinculante aprobado desde 2023.
Boyar Trejo argumenta que romper ese acuerdo podría exponer a la ciudad a consecuencias legales y financieras extraordinarias.
De acuerdo con la representante, la asesoría jurídica del Ayuntamiento advirtió que El Paso podría enfrentar daños de entre 370 y 760 millones de dólares, con posibles responsabilidades superiores a mil millones de dólares.
Para dimensionar esa cifra, recordó que el Fondo General proyectado de la ciudad para 2027 ronda los 655 millones de dólares.
Además, sostiene que cancelar el acuerdo no garantizaría detener la construcción del centro de datos, ya que Meta ya es propietaria del terreno y de los derechos para desarrollar el proyecto.
“Mi voto no fue un voto en contra de la rendición de cuentas. META debe rendir cuentas, pero debemos hacerlo de manera legal, responsable y colaborativa.”
Como alternativa, Boyar Trejo anunció que impulsará una serie de mesas de diálogo entre Meta, autoridades municipales, proveedores de servicios públicos y residentes para buscar un acuerdo adicional que atienda preocupaciones relacionadas con infraestructura, recursos naturales, impacto ambiental y mecanismos de rendición de cuentas.
Los organizadores cuestionan el argumento financiero
Quienes impulsan la revocación rechazan la explicación presentada por la representante.
Jonathan Zayan asegura que la cifra de hasta mil millones de dólares nunca fue sustentada públicamente.
“Ese número de mil millones de dólares no está respaldado por ningún hecho. Ningún ciudadano ha visto cómo se llegó a esa cifra.”
Incluso afirma haber hablado con integrantes del Ayuntamiento que, según él, tampoco conocen el análisis utilizado para calcular ese posible costo.
Para Zayan, precisamente eso era lo que buscaba el Punto 37.
“La propuesta solamente buscaba iniciar negociaciones para entender cuáles eran los riesgos y cuánto costaría romper el contrato. Si existían dudas sobre las consecuencias legales, precisamente ese proceso habría permitido responderlas.”
También cuestiona que únicamente se hable del posible costo de un litigio y no del ahorro que representaría eliminar los incentivos fiscales otorgados a Meta durante los próximos 25 años.
¿Qué sigue ahora?
Con la presentación del aviso oficial comenzó a correr el plazo legal de 60 días para reunir las firmas.
Una vez concluido ese periodo, el City Clerk deberá revisar y verificar cada una.
Si la petición cumple con todos los requisitos legales, el asunto deberá ser presentado ante el Ayuntamiento.
Posteriormente, el Concejo Municipal tendría que ordenar una elección de revocación.
Los organizadores esperan completar el proceso con suficiente rapidez para que esa elección pueda celebrarse junto con los comicios programados para noviembre, evitando así el costo de una elección especial.
En caso de llegar a las urnas, serán los votantes del Distrito 4 quienes decidirán si Cynthia Boyar Trejo permanece como representante o si el distrito elige a una nueva persona para ocupar el cargo.
Hasta ahora, la propia Ciudad ha señalado que no existen antecedentes recientes de un proceso de revocación que haya logrado avanzar hasta esa etapa.
⸻
Declaración íntegra de Cynthia Boyar Trejo (traducción al español)
A continuación se presenta una traducción al español del comunicado enviado por la representante Cynthia Boyar Trejo a Noticias El Paso. La versión original fue redactada en inglés.
“Respeto el derecho de los residentes a expresar sus opiniones, incluso mediante el proceso de petición. El servicio público requiere rendición de cuentas y doy la bienvenida a la participación ciudadana, incluso cuando existen desacuerdos.
Sin embargo, considero importante que el público entienda exactamente cuál fue el punto que se presentó ante el Ayuntamiento el martes 9 de junio.
El Punto 37 buscaba iniciar negociaciones para terminar el Acuerdo del Programa de Desarrollo Económico del Capítulo 380 y los contratos relacionados con Wurldwide LLC y Meta Platforms Inc. Existe la idea equivocada de que el punto era renegociar el acuerdo, y eso no es correcto.
Durante esa sesión escuchamos el apasionado testimonio de muchos residentes que pidieron romper el acuerdo, algunos incluso afirmando que debía hacerse “a cualquier costo”. Aunque respeto esas preocupaciones, como funcionarios electos tenemos la responsabilidad de considerar el impacto de nuestras decisiones sobre toda la comunidad.
Mi decisión y mi voto se basaron en tres hechos fundamentales.
Primero, el acuerdo del Capítulo 380 es un contrato legalmente vinculante que fue aprobado y firmado en 2023. Wurldwide LLC adquirió la propiedad en 2024 y el proyecto inició oficialmente su construcción el 13 de octubre de 2025. Cancelar un contrato legalmente vinculante podría exponer a la ciudad a importantes consecuencias legales y financieras que terminarían siendo asumidas por los contribuyentes.
Segundo, cancelar el acuerdo no garantizaría detener la construcción del centro de datos. Meta ya es propietaria legal del terreno y de los derechos de desarrollo.
Tercero, los asesores legales de la ciudad informaron al Ayuntamiento que El Paso podría enfrentar daños directos de entre 370 y 760 millones de dólares, con posibles responsabilidades superiores a mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el Fondo General proyectado para 2027 asciende aproximadamente a 655 millones de dólares.
Una sentencia de esa magnitud tendría consecuencias devastadoras para nuestra comunidad. De acuerdo con la información presentada por la administración municipal, los contribuyentes podrían enfrentar un incremento en la deuda pública, presión sobre los impuestos prediales y reducciones en servicios esenciales como mantenimiento de calles, seguridad pública, parques y recreación.
En un momento en que la ciudad ya enfrenta desafíos presupuestales y está eliminando más de 300 plazas vacantes para preservar los servicios esenciales, no estuve dispuesta a apoyar una decisión que pudiera colocar a nuestra comunidad en un riesgo financiero tan extraordinario.
Romper el acuerdo “a cualquier costo” no era un riesgo que estuviera dispuesta a asumir en nombre de nuestros residentes, especialmente de las familias con ingresos limitados o fijos.
Mi voto no fue un voto en contra de la rendición de cuentas. De hecho, señalé públicamente que Meta debe rendir cuentas, pero debemos hacerlo de manera legal, responsable y colaborativa.
Desde el principio, mi objetivo ha sido promover la participación comunitaria y encontrar una solución que incluya todas las voces. Por ello inicié una serie de mesas de diálogo con representantes de Meta, el alcalde, proveedores de servicios públicos, residentes que se oponen al proyecto, vecinos cercanos al centro de datos, residentes que lo apoyan y otros actores de la comunidad.
Estas reuniones buscan que todas las perspectivas sean escuchadas para construir un acuerdo independiente con Meta que atienda las preocupaciones relacionadas con infraestructura, recursos, impacto ambiental y mecanismos de rendición de cuentas a largo plazo.
Entiendo que no todos estén de acuerdo con mi decisión y respeto esas diferencias de opinión. Las decisiones que tomo desde el estrado nunca se hacen a la ligera. Analizo cuidadosamente los hechos, las posibles consecuencias y el impacto para todos los residentes antes de emitir mi voto.
Seguiré comprometida con escuchar a la comunidad, fomentar un diálogo significativo y buscar soluciones responsables, transparentes y que beneficien a los residentes y a la ciudad de El Paso.”
