Ciudad de El Paso afirma que no puede cancelar acuerdo con Meta sin enfrentar riesgos legales y financieros

EL PASO, Texas – Ante las inquietudes de algunos residentes sobre la posibilidad de cancelar el acuerdo entre la Ciudad de El Paso y Meta, funcionarios municipales señalaron que el proyecto está respaldado por contratos legalmente vinculantes aprobados por el Ayuntamiento en 2023, por lo que no puede ser cancelado de manera unilateral.

De acuerdo con la Ciudad, desde la aprobación de los acuerdos, Meta ha invertido millones de dólares en la adquisición de terrenos, planificación, ingeniería, infraestructura y construcción. Además, las obras relacionadas con el proyecto ya se encuentran en marcha.

Funcionarios explicaron que, debido a las inversiones realizadas y a los compromisos contractuales existentes, cualquier intento de rescindir el acuerdo podría derivar en importantes disputas legales. También señalaron que no existe evidencia de que la compañía esté dispuesta a abandonar voluntariamente un proyecto en el que ya ha destinado recursos significativos.

La administración municipal indicó que el tema también representa una cuestión de responsabilidad fiscal, ya que la Ciudad tiene la obligación de proteger los recursos públicos y evitar gastos innecesarios para los contribuyentes.

Según las autoridades, una acción legal para intentar cancelar el acuerdo no cuenta actualmente con fondos presupuestados y podría generar costos adicionales para los residentes, incluyendo honorarios de abogados externos, peritos, gastos judiciales, tiempo de personal municipal y posibles indemnizaciones si un tribunal determinara que la Ciudad incumplió sus obligaciones contractuales.

Asimismo, destacaron que iniciar o enfrentar una demanda no garantiza que el proyecto se detenga. Por el contrario, la Ciudad podría verse involucrada en años de litigio mientras la construcción continúa avanzando a través de los procesos legales correspondientes.

Funcionarios municipales sostienen que el debate central es si los contribuyentes deberían asumir gastos legales potencialmente millonarios para revertir acuerdos aprobados legalmente y en los que una empresa privada ya ha invertido importantes recursos en la comunidad.

La Ciudad reiteró que su prioridad es proteger a los contribuyentes de riesgos financieros innecesarios y mantener los recursos enfocados en áreas esenciales como seguridad pública, calles, parques, infraestructura y otros servicios fundamentales.