Kansas y la advertencia sobre la prueba de ciudadanía para el derecho al voto

Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 24 de diciembre de 2025

Kansas se encuentra nuevamente en el centro del debate nacional sobre el derecho al voto. Un nuevo informe advierte que la experiencia del estado con leyes que exigen prueba de ciudadanía para votar debería servir como una clara advertencia para el Congreso y para aquellos estados que están considerando iniciativas similares.

El análisis, elaborado por Dēmos, Campaign Legal Center y State Voices, evalúa datos de Kansas y Arizona y concluye que estas leyes son costosas, propensas a errores y terminan excluyendo a votantes elegibles, a pesar de que la ciudadanía ya es un requisito legal para votar en Estados Unidos.

Una política que fracasó en Kansas

Kansas implementó su ley de prueba de ciudadanía tras la aprobación del Kansas Secure and Fair Elections Act (SAFE Act) en 2011. Desde 2013, cualquier persona que se registrara para votar debía presentar documentos como un pasaporte o certificado de nacimiento.

Esta medida estuvo vigente por poco más de tres años antes de ser bloqueada por un juez federal. En 2018, la ley fue declarada inconstitucional y en 2020, el Décimo Circuito de Apelaciones confirmó la decisión.

Durante ese periodo, más de 30,000 kansanos vieron sus registros suspendidos o invalidados, según el informe.

Costos mucho mayores a lo prometido

Uno de los hallazgos centrales del informe es el impacto financiero. Los legisladores inicialmente estimaron que la ley costaría solo $12,500 en su primer año fiscal y $1,000 en el segundo. Sin embargo, los costos reales fueron muy distintos.

En su primer año completo, la Oficina del Secretario de Estado gastó más de $192,000 para implementar la ley. El informe estima que el gasto total superó los $350,000 entre su aprobación y entrada en vigor, sin contar costos adicionales derivados de errores y litigios.

Además, el estado tuvo que pagar $1.9 millones en honorarios legales tras perder dos demandas relacionadas con la ley.

Errores administrativos y falta de coordinación

El informe documenta una “ruptura prolongada” en la comunicación entre el Departamento de Vehículos Motorizados, la oficina del Secretario de Estado, las oficinas electorales de los condados y los propios votantes.

Los empleados del DMV no estaban autorizados a solicitar prueba de ciudadanía ni a informar a las personas sobre el nuevo requisito, lo que generó una gran confusión. Kansas también carecía de sistemas tecnológicos capaces de verificar números de pasaporte o certificados de nacimiento.

“Cuando se vincula la verificación de ciudadanía a bases de datos que no fueron diseñadas para eso, surgen errores”, explicó Lata Nott, directora de política de derechos electorales del Campaign Legal Center. “Y esos errores no son menores: le quitan a la gente su derecho al voto”.

El fraude que nunca se probó

La ley fue promovida por el entonces secretario de Estado, Kris Kobach, bajo el argumento de combatir el fraude electoral. Sin embargo, nunca se demostró fraude en los tribunales.

Según la Corte de Apelaciones, solo 39 no ciudadanos se registraron para votar en Kansas entre 1999 y 2013, lo que representó apenas el 0.002% del padrón electoral.

“El problema no era el fraude, sino fallas administrativas”, concluyó el tribunal, subrayando que la ley tuvo un impacto desproporcionado en los votantes.

Impacto en comunidades vulnerables

Los autores del informe advierten que las leyes de prueba de ciudadanía funcionan como una forma de supresión del voto, con efectos más severos en comunidades históricamente marginadas.

“Son barreras sociales que afectan especialmente a votantes de color, personas de bajos ingresos y comunidades excluidas”, señaló Neda Khoshkhoo, directora interina de democracia en Dēmos.

A medida que otros estados como Indiana, New Hampshire, Ohio y Wyoming aprobaron leyes similares en 2025, los expertos anticipan que el debate se intensificará en 2026.

Una advertencia para el futuro

Aunque una propuesta federal para exigir prueba de ciudadanía no ha avanzado, el informe sostiene que la experiencia de Kansas demuestra que estas políticas no solo fallan en su objetivo, sino que generan costos fiscales, caos administrativo y pérdida de confianza pública.

“Cuando se combinan los costos financieros con el daño real a los votantes, es necesario replantear seriamente el valor de estas políticas”, afirmó Marissa Liebling, de State Voices.