Del estrado al escándalo en Las Cruces: exjuez y esposa detenidos tras hallazgo de migrantes vinculados a banda criminal en su residencia
LAS CRUCES, Nuevo México – El día 24 de abril del 25, el exjuez demócrata Joel Cano y su esposa Nancy Cano. La detención se produjo luego de que se confirmara que rentaban un hogar a un presunto miembro de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, el cúal había sido arrestado en la residencia de la pareja.
Una redada conjunta liderada por el Departamento de Seguridad Nacional y la agencia ICE en la residencia de la familia Cano culminó con el arresto del exjuez Joel Cano y su esposa.
Joel y Nancy Cano permanecen detenidos en Las Cruces, enfrentando cargos por manipulación de evidencia. Ambos se encuentran bajo custodia sin derecho a fianza.
El 3 de marzo de 2024, el juez Joel Cano presentó su renuncia al cargo de juez magistrado del condado Doña Ana, en Nuevo México.
En la carta, no explicó los motivos, simplemente les deseo un “buen retiro” a sus compañros. Sin embargo su salida ocurrió días después de un cateo federal en su residencia, donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional encontraron a un migrante venezolano viviendo en la propiedad, identificado como Cristian Ortega-López.
Durante su estancia en la residencia de la familia Cano, Cristian Ortega-López forjó una relación cercana con la hija del matrimonio, también llamada Nancy Cano.
Según la investigación federal, esta relación fue un elemento clave en el caso. Uno de los hechos más graves señalados es que Ortega-López habría ocultado un arma de fuego en el clóset de la vivienda, en violación de la ley federal que prohíbe la posesión de armas a personas sin estatus migratorio legal. En redes sociales, Ortega-López publicó imágenes posando con rifles y pistolas, cuyas características coinciden con el interior de la casa del juez.
El 28 de febrero de 2024, fue arrestado bajo cargos de posesión ilegal de armas de fuego y permanencia en el país sin autorización legal. En la moción de detención preventiva, los fiscales argumentaron que representa un alto riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, citando su presunta afiliación con la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
Dicha afiliación no se sustenta únicamente en su nacionalidad o apariencia. Los documentos judiciales detallan que, durante el cateo, los agentes encontraron tatuajes con simbología asociada a la pandilla, vestimenta con emblemas distintivos, y lo más contundente: mensajes de voz y textos recuperados en los que Ortega-López se comunica con otros presuntos miembros del grupo criminal. Uno de esos mensajes fue considerado clave por los fiscales, ya que hacía referencia a actividades logísticas de la organización en territorio estadounidense.
Imágenes cortesía: Agencia de Seguridad Nacional
“Exigimos una verdadera rendición de cuentas por la conexión del juez Cano con un criminal vinculado a una pandilla, y total transparencia sobre cómo se está aplicando la ley a nuestro poder judicial. Ya basta”, declaró Amy Barela, líder de la bancada republicana en Nuevo México.
En respuesta a la controversia, la Corte Suprema del estado de Nuevo México anunció que Joel Cano queda permanentemente inhabilitado para ocupar cualquier cargo judicial. La sanción le prohíbe ejercer funciones como juez, postularse a cargos del sistema judicial y asumir cualquier autoridad legal en el futuro.
El documento judicial también revela que Ortega-López habría ocultado deliberadamente su relación con el Tren de Aragua a los miembros de la familia Cano.
Por su parte, el exdirector de la oficina de ICE en Denver, John Fabbricatore, advirtió que permitir el acceso de un inmigrante indocumentado a armas de fuego constituye un delito federal grave. Agregó que, si se confirma algún tipo de complicidad por parte de los residentes del hogar, podrían presentarse cargos adicionales.
