Departamento de Justicia perseguirá funcionarios estatales o locales que obstruyan leyes de inmigración

Alexander Drago/Reuters/File via CNN Newsource

WASHINGTON, D.C. (AP) – El Departamento de Justicia está instruyendo a sus fiscales federales a investigar a cualquier funcionario estatal o local que obstaculice el refuerzo de la aplicación de las leyes de inmigración bajo la administración de Trump, según un memorando dirigido a toda la fuerza laboral obtenido por The Associated Press el miércoles.

El memorando, redactado por el subprocurador general interino Emil Bove, también instruye a la división civil del Departamento de Justicia a ayudar a identificar leyes y políticas estatales y locales que “amenacen con impedir” las iniciativas de inmigración de la administración de Trump y, potencialmente, desafiarlas en los tribunales.

Los fiscales deberán “tomar todas las medidas necesarias para proteger al público y asegurar la frontera estadounidense eliminando a los extranjeros ilegales del país y procesándolos por los crímenes” cometidos en la jurisdicción de EE. UU., según el memorando.

Este instruye a los fiscales a investigar, para posibles cargos criminales, los casos en los que los funcionarios estatales y locales obstruyan o impidan funciones federales.

“La ley federal prohíbe que los actores estatales y locales resistan, obstruyan y no cumplan con los mandatos y solicitudes legales relacionados con inmigración”, señala el memorando. “Las oficinas de los fiscales de EE. UU. y los componentes litigantes del Departamento de Justicia investigarán incidentes relacionados con dicha mala conducta para su posible enjuiciamiento

El memorando de tres páginas señala un giro inmediato y pronunciado en las prioridades de la administración demócrata del presidente Joe Biden, con instrucciones claras a los fiscales de que estarán en la primera línea de un esfuerzo a nivel gubernamental para combatir la inmigración ilegal y los crímenes fronterizos. Se les espera que implementen la visión política de la Casa Blanca republicana del presidente Donald Trump en lo que respecta a los crímenes violentos, la amenaza de las pandillas transnacionales y el tráfico de drogas.

“De hecho, es responsabilidad del Departamento de Justicia defender la Constitución y, en consecuencia, ejecutar legalmente las políticas que el pueblo estadounidense eligió para que el presidente Trump implementara”, escribió Bove en el memorando obtenido por la AP.

“La responsabilidad del Departamento de Justicia, que cada uno de sus empleados asume con orgullo, incluye la aplicación agresiva de las leyes aprobadas por el Congreso, así como una vigorosa defensa de las acciones del presidente en nombre de los Estados Unidos frente a los desafíos legales”, agregó Bove. “El personal del Departamento debe unirse en las oficinas que los contribuyentes han financiado para llevar a cabo este importante trabajo.”

El memorando también señala que el departamento volverá al principio de acusar a los acusados por el crimen más grave que pueda probarse, una postura común de los departamentos liderados por republicanos que busca eliminar la discreción del fiscal para acusar por delitos de menor nivel.

“Los cargos más graves son aquellos castigables con la pena de muerte donde sea aplicable, y los delitos con las penas mínimas obligatorias más significativas”, escribió Bove.

Es común que los Departamentos de Justicia cambien las prioridades de aplicación bajo una nueva administración presidencial, en cumplimiento con las ambiciones políticas de la Casa Blanca. El memorando refleja el constante tira y afloja entre las administraciones demócratas y republicanas sobre la mejor manera de destinar recursos a lo que los funcionarios consideran la amenaza más urgente del momento.