Nuevo proceso federal en contra de César Duarte reabre acusaciones por lavado de dinero

CHIHUAHUA, México – El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, enfrenta nuevamente a la justicia mexicana, ahora desde un frente federal que agrega presión a su ya complejo historial judicial. Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la capital del estado luego de que la Fiscalía General de la República ejecutara una orden de aprehensión federal basada en acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita, un señalamiento distinto a los cargos que motivaron su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR confirmó que la medida legal deriva de una orden dictada en mayo de 2024, pero ejecutada apenas ahora, tras obtener autorización para juzgarlo por un cargo diferente.

La acusación federal, señala la autoridad, se finca en presuntos actos relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos. El exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, explicó previamente que los señalamientos corresponden “por delitos muy específicos que es lavado de dinero o desvío de recursos”. El gobierno federal insiste en que la nueva imputación corresponde a nuevas facultades concedidas a la Fiscalía mexicana tras consultas diplomáticas vinculadas al proceso de extradición.

Duarte permaneció ya bajo arresto previo en territorio estadounidense. Fue detenido por primera vez en Miami en 2020 y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Aquella extradición derivó en una serie de procesos judiciales y administrativos que, con el paso del tiempo, fueron disminuyendo en número. Su equipo legal asegura que el exgobernador ha logrado cerrar 20 de 21 causas penales abiertas en Chihuahua, además de varios procedimientos administrativos.

Aun así, Duarte continúa formalmente bajo investigación estatal, y ahora el expediente federal añade una nueva capa procesal. “Todavía está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, afirmó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido el principal portavoz legal del exmandatario en este proceso.

La defensa de Duarte sostiene que la actuación de la Fiscalía viola la regla de especialidad en materia de extradición. Según dicho principio, una persona extraditada solo puede ser procesada por los cargos aprobados por el país que concedió su traslado. “Es algo que no tiene sentido porque no se ha demostrado lo primero, entonces si no se demuestra lo primero no pueden acusar de lo segundo”, argumentó Mendoza, insistiendo en que no se puede avanzar en investigaciones adicionales sin resolver las acusaciones iniciales.

La llegada de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General marcó un giro en el rumbo procesal del caso. Tras asumir el cargo, la FGR obtuvo autorización para iniciar el proceso federal y ejecutar la orden más reciente. Según la defensa, esto representa un riesgo de doble juicio, pues aseguran que los hechos señalados ya habrían sido revisados con anterioridad. “El juez de control señala que debería tener la necesidad de detenerlo para tener el permiso de detenerlo, lo cual es una franca barbaridad”, expresó el abogado, reforzando su interpretación jurídica.

Su equipo legal añade que la imputación equivale a reabrir situaciones procesales concluidas o prácticamente agotadas. También argumentan que no existe riesgo de fuga, y que su cliente siempre se ha presentado voluntariamente ante las autoridades. Con firmeza, el defensor legal anticipó que Duarte se sostendrá en su postura procesal: se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.

Mientras el expediente avanza, Duarte permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, una de las prisiones de máxima seguridad del país. Su defensa buscará que el exmandatario pueda enfrentar el proceso en libertad, alegando además condiciones médicas complejas, con antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

En la antesala de nuevas audiencias, el equipo legal insistió en que el proceso no debe convertirse en un caso politizado. “Que no se tomen a las personas como un botín político sino que podamos resolver todas las situaciones donde hay injusticia porque donde no hay justicia no hay paz”, afirmó Mendoza, señalando que el proceso de Duarte representa un desafío a los principios judiciales que, aseguran, deberían prevalecer en el país.