Condados de El Paso y Travis presentan demanda contra el fiscal general Ken Paxton
AUSTIN, Texas – Los fiscales del condado de Travis, Delia Garza, y del condado de El Paso, Christina Sanchez, presentaron hoy una demanda que impugna la constitucionalidad de las nuevas reglas administrativas impuestas por la Oficina del Procurador General de Texas.
También se unieron a la demanda los fiscales de distrito José P. Garza (Travis) y James Montoya (El Paso), junto con los gobiernos de ambos condados.
Las normas, conocidas como Capítulo 56 del Título 1 del Código Administrativo de Texas, entraron en vigor el 2 de abril de 2025 y exigen a fiscales de solo 13 condados —todos con más de 400,000 habitantes— entregar informes detallados sobre sus casos.
Los fiscales locales informaron que esta demanda se presento por diferentes factores, entre ellos la carga de trabajo excesiva a la administración de cada condado.
Las reglas exigen la entrega de archivos completos y datos históricos de varios años atrás, lo que supondría un gasto superior a los $3 millones el primer año, sin que se haya asignado presupuesto alguno. Esto, denuncian los fiscales, desvía recursos que deberían destinarse a combatir el crimen y proteger a la comunidad.
Se obliga a los fiscales a entregar comunicaciones internas y datos sensibles, como registros médicos, de salud mental, de abuso de sustancias, archivos de jurado, imágenes explícitas y datos personales de víctimas, acusados y personal policial.
Igualmente, tienen que cumplir con las nuevas reglas forzaría a los fiscales a infringir leyes estatales y federales de privacidad, como el Código de Procedimientos Penales de Texas o la Ley de Privacidad de Registros Médicos.
La demanda sostiene que el Procurador General carece de facultades legales para imponer o hacer cumplir estas reglas, ya que la ley citada (Código de Gobierno de Texas §41.006) no le otorga control sobre fiscales electos ni sobre sus archivos o comunicaciones.
Christina Sanchez explicó que la gente “no eligó a Ken Paxton para ser el físcal general de El Paso” pues escogieron a James Montoya para llevar casos.
Citaron una posible violación a la separación de poderes, supuestamente estas reglas permiten que el Ken Paxton cuestione y hasta intente destituir a fiscales electos si no entregan cierta información, lo que contradice la Constitución de Texas, según la cual solo el Poder Legislativo puede establecer mecanismos de destitución, y solo los tribunales pueden aplicarlos.
Alegaron que estas normas solo afectan únicamente a los condados más grandes del estado, dejando fuera a la mayoría.
Los fiscales subrayan que ya existen mecanismos de transparencia, como la Ley de Información Pública y los informes al Poder Judicial, por lo que no es necesario imponer nuevas cargas administrativas.
En un comunicado oficial dieron las siguientes declaraciones:
“Los fiscales electos localmente desempeñan un papel fundamental en sus comunidades. Estas reglas especiales, aplicables solo a unos cuantos condados, son ilegales, derrochan recursos y deberían preocupar a las comunidades afectadas por este exceso de poder”, afirmó la fiscal de El Paso, Christina Sanchez.
El fiscal de distrito James Montoya agregó: “Ya existen vías legales para garantizar la transparencia. Estas nuevas reglas solo sobrecargan a oficinas que ya están saturadas.”
Por su parte, Delia Garza, fiscal del condado de Travis, advirtió que “estas reglas invaden la separación de poderes y violan los derechos de privacidad protegidos por múltiples leyes. No deben quedar sin oposición.”
La demanda solicita al tribunal que declare inválidas e inconstitucionales las nuevas reglas y emita órdenes para impedir su aplicación por parte del Procurador General de Texas
